Limitar el déficit público por ley en la Constitución: atropello democrático y disparate económico

Como regalo de despedida, el presidente Zapatero quiere reformar la Constitución para incluir en ella el límite del déficit público. El asunto tiene narices. Por un lado, se trata de una medida económica mala para el funcionamiento de la economía, y de difícil aplicación en la práctica. Y, en segundo lugar, sería aprobada sin un referendum, por un parlamento convocado ya para elecciones, y por los dos partidos -PSOE y PP- que precisamente se niegan a cambiar la misma constitución para reformar la injusta ley electoral que les favorece.

Es una medida económica mala porque el déficit público es a veces necesario para estimular la economía en caso de recesión, y es inaplicable en la práctica porque las recesiones hacen que los ingresos del Estado disminuyan respecto al año anterior bruscamente, y es difícil -y además no es bueno- ajustar el gasto con esa velocidad.

El problema es más bien el aumento del gasto público en las expansiones. Es paradójico que los mismos políticos que han fomentado la burbuja económica/inmobiliaria con desgravaciones a la compra, falta del control del crédito bancario y discriminando la opción del alquiler, ahora quieran limitar el déficit. Despilfarraron el dinero público obtenido gracias a una burbuja que ellos mismos fomentaron, y ahora pretenden pagar la factura con el gasto social.

Me explico. Durante los años de la burbuja los ingresos del Estado crecieron fuertemente por los ingresos por IVA de venta de viviendas, Impuestos de Tranmisiones Patrimoniales, IRPF, IS, etc. El Estado subió el gasto en la misma proporción y -aunque se devolvió parte de la deuda pública- el superávit público fue pequeño para lo que debería haber sido. El Estado no ahorró lo suficiente.

En cambio, se aprovecharon estos nuevos ingresos para hacer inversiones irracionales en infraestructuras, como aeropuertos que nadie usa, muchas líneas de alta velocidad con billetes a un precio sólo al alcance de la clase media-alta, autopistas a ciudades de 50.000 habitantes, universidades en cada esquina, enterrar autovías como la M-30, subir en exceso las plantillas de funcionarios en los Ayuntamientos... Todas estas cosas que les servían para ganar elecciones en el Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos... y, ojo, se realizaban sin un aumento del déficit público, debido a los ingresos de la burbuja económica. Los políticos son reacios a enfriar la economía cuando hay una burbuja y el gasto público aumenta paralelamente. En cambio, lo que hacían era negar la existencia de dicha burbuja económica (todos los que se cubrieron de gloria con sus declaraciones están en este enlace).

La reforma que proponen PP y PSOE no ataja este problema, porque no pone un límite a los aumentos del gasto público cuando la economía crece (a menudo de forma irracional por causa de burbujas inmobiliarias y bursátiles). Sólo propone reducirlo cuando la economía se desinfla, ¡qué es precisamente cuando más falta hace el gasto público!

El presupuesto equilibrado debería ser un objetivo a largo plazo, y por ley se podría establecer -por ejemplo- que un porcentaje del crecimiento de los ingresos públicos cada año que haya superávit se destinase a devolver la deuda pública (en vez de hacer inversiones faraónicas y poco eficientes). Esto haría enfriar la economía en las expansiones y nos evitaría muchos problemas como los que tenemos ahora. Cuando uno está sano es cuando hay que hacer ejercicio, no cuando uno tiene gripe y cuarenta de fiebre.

En las crisis no puedes devolver las autovías y que te devuelvan el dinero, pues lo que haces si te obligan a reducir el gasto para ajustarte a la bajada de ingresos es quitar becas, privatizar empresas públicas -si es que queda alguna- reducir el sueldo y la plantilla de profesores y médicos, bajar las pensiones...

Por otro lado, la medida de limitar por ley el déficit público es luego poco aplicable en la práctica, porque si los ingresos del Estado bajan de un año para otro más de un 20% -como ha pasado en España- es imposible reducir el gasto público de forma tan rápida en ese porcentaje. En la práctica habrá un continuo debate político para aprobar excepciones a la norma, y el partido en la oposición usará el debate para sacar tajada política, acusando al gobierno de turno. Algo así ocurre en Estados Unidos con la elevación del techo de la deuda, donde los republicanos -que embarcaron a EEUU en costosísimas guerras- culpan ahora a Obama del déficit y quieren reducir el déficit público en la recesión a costa del gasto social.

La propuesta de reforma de la constitución de PP y PSOE en España es un asunto de tanta importancia que aprobarlo sin un referéndum y un debate sería un atropello democrático. En este enlace se recogen firmas para pedir dicho referéndum.