Viviendas de protección oficial

Buena noticia para el mercado de la vivienda que se facilite a los promotores que sus viviendas ya construídas sean de protección oficial, o alguna fórmula similar. Esto supondría que saldrían al mercado a un precio más bajo y conseguirían venderlas (ahora parece que el mercado está muy reticente a comprar esperando que los precios bajen; ya hablamos de eso en otra entrada de este blog). Podrían simplemente venderlas más barato sin inscribirse dentro de ningún programa de vivienda de protección pública; pero si el gobierno lo incluye dentro de un plan podrán seguro tener alguna ventaja fiscal o subvención, aparte de la publicidad que supone ofrecer una casa como "de protección oficial".

Eso sí, por favor que luego controlen que no cobran bajo cuerda un sobreprecio. Es muy difícil de evitar, porque si un piso libre vale 40 y el precio fijado por el módulo legal para una vivenda de protección pública es de 20, pues el promotor cobran 30 (20 escriturados + 10 "en dinero negro" o más fino "en B" ). Ambos se benefician porque el comprador aún así se ahorra 10 respecto al precio libre, y el promotor pues casi gana lo mismo, porque baja un poco el precio pero se ahorra los impuestos de un 33% del precio del piso, que no está nada mal.

Ahora bien, estaría mucho mejor para el comprador y para la mayoría de los contribuyentes (que generalmente no pueden hacer estos chanchullos y pagan religiosamente su parte de impuestos) que se vigilase y se penalizase esta conducta ilegal, que se cumpliese la ley y no se esquivase de forma tan ostentosa a Hacienda. Esto hace tiempo que pasa en Coslada (y lo debe saber desde el alcalde hasta el pregonero) y nunca se ha hecho nada...